El lenguaje legal y administrativo puede ser una austeridad que limite el acceso a los recursos y los derechos de los ciudadanos. Ya un estudio de más de 10 millones de palabras utilizados en contextos legales concluyeron que las escrituras de estas áreas contienen “proporciones sorprendentemente altas de algunas características (lingüísticas) que son difíciles de procesar” y que su uso y abuso dificultan su comprensión. En la provincia argentina de Corrientes, la diputada María Eugenia Mancini presentó un proyecto de ley para “imponer el uso de un lenguaje claro y preciso en todos los actos del sector público”. En España, el gobierno andaluz ha optado por una solución diferente: en lugar de imponer que las comunicaciones sean inteligibles en su origen, ha asignado 322.765 euros para “contratar servicios para la creación de un sistema de conversión de documentos en lenguaje sencillo”, según informó. En lenguaje sencillo: encargó el desarrollo de un traductor automático de sus propios textos, algo que ya hacen la mayoría de las aplicaciones convencionales de inteligencia artificial (IA).
“Le remitimos la presente notificación NCC889902087667**** (se han eliminado los últimos dígitos que aparecen en el texto oficial) para realizar el acto administrativo que, por causas no imputables a la administración, no pudo realizarse mediante la notificación anterior. con NCC98876657890* *** imposibilitando su envío al destinatario en la dirección de dicho aviso.” Este es un aviso administrativo actual recopilado de Olga Koreneva Antónovaprofesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), quien afirma que “el lenguaje administrativo y jurídico se distingue por su falta de transparencia”. En este caso fue simplemente un segundo aviso luego de enviar el primero no fue posible, pero el lenguaje es pesado y contiene errores gramaticales que dificultan su comprensión.
Esta complicación de los textos legales y administrativos también es pesada para Mancini, según libertador Argentina, limita la relación entre el Estado y los ciudadanos y viola los principios de transparencia y responsabilidad pública. La representante propone que la ley que promueve se aplique a todos los poderes y que una “entidad se encargue de elaborar guías y manuales, promover la capacitación del personal público y brindar asesoría técnica para que se incluya un lenguaje sencillo en la práctica diaria de organismos. .
La Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía ha optado por actuar en un ámbito diferente. En lugar de fomentar el uso de un lenguaje sencillo desde la fuente del documento, ha decidido licitar, con fondos europeos de próxima generación, el desarrollo de un sistema informático que traduzca sus textos a un español comprensible, con un coste de más de 300.000 euros. y un plazo de ejecución de ocho meses desde la firma del contrato.
El razonamiento de la Junta de Andalucía se basa en la asunción de deficiencias en la comunicación comprensible de resoluciones, plazos de búsqueda de recursos o solicitudes de documentación: “La administración tiende a utilizar un lenguaje complejo, no siempre comprensible para los ciudadanos y, especialmente, para las personas mayores . con algún tipo de discapacidad, con menor nivel educativo o que no saben correctamente el español, entre otros colectivos”. Según la ministra de Inclusión Social, Loles López, “la inclusión real y plena de las personas con discapacidad comienza (empieza) por garantizar las medidas de accesibilidad universal y () brindar el apoyo necesario”.
Pedro Calbó Roca, director general de Personas con Discapacidad y responsable del proyecto, explica que el traductor será para uso de los funcionarios y que los ciudadanos podrán utilizar la versión traducida, si lo necesitan. “No sólo está dirigido a personas con discapacidad, sino que está dirigido a cualquier persona que necesite disponer de este documento con lenguaje jurídico oficial en un lenguaje sencillo”, insiste.
Calbó justifica desde el principio el uso de la inteligencia artificial en lugar de utilizar un lenguaje claro: “El número de funcionarios de la Junta de Andalucía es grande y no todos tienen la capacidad de escribir directamente en un lenguaje claro. El volumen de escritura que generamos es muy amplio y variado, por lo tanto, todo esto requeriría capacitar a cada uno de los empleados de la Junta que producen un tipo de escritura para que tenga la capacidad de adaptar el lenguaje”.
Koreneva, profesora de traducción, acoge con satisfacción la iniciativa del consejo, aunque con matices. “Si no tenemos nada más, al menos será útil. En principio, es bueno, siempre que funcione”, afirma el especialista, que coincide con la percepción general del lenguaje administrativo: “Es terrible”.
Pero su apoyo a la propuesta andaluza viene con algunas salvedades. “Tiene que ser muy fiable, sobre todo en notificaciones tan importantes como una resolución judicial o notificaciones fiscales, que son bastante complejas. Sabemos que los traductores automáticos no son perfectos y, si cometen un error, el usuario corre el riesgo de no cumplir con los plazos o no enviar la documentación específica requerida”.
Calbó coincide con esta cautela y es precisamente su argumento para utilizar su traductor específico y rechazar las solicitudes ya existentes: “Primero, adaptarse al tipo de resoluciones de la Junta de Andalucía. Por otro lado, porque es un lenguaje muy formal que tiene consecuencias jurídicas cuando el ciudadano lo recibe. Debemos asegurarnos de que esta traducción sea lo más fiel posible para garantizar efectos jurídicos o para que la persona entienda qué efectos tendrá ese escrito. Entendemos que es mucho mejor tener una aplicación interna específica que haya sido probada y aprobada por nosotros. Por medios estándar no tendríamos garantía del 100%.
Koreneva se mantiene cauta y advierte de que las máquinas también fallan en cuestiones relacionadas con la Inclusión Social, ya que un traductor automático, según la docente, “no considera la igualdad de género” y tiende a sustituir lo femenino por lo masculino porque los recursos con los que ya cuenta entrenado. incluir ese sesgo. “Este tipo de herramientas se pueden utilizar para facilitarnos el trabajo, pero no pueden sustituirnos porque no son 100% fiables. Si es algo importante y puede tener consecuencias legales, no me atrevería a utilizarlo”, explica.
El experto, que defiende la presencia de supervisión humana de los sistemas, admite, al igual que el presidente de la Junta de Andalucía, que a los redactores de textos legales y administrativos les resulta difícil utilizar un lenguaje común. “Ellos poseen ese vocabulario, trabajan con él y no conocen las alternativas. Creo que no podrán”, se queja. Tampoco cree en la propuesta argentina de crear una “autoridad” de revisión de textos. “Los trámites ya son lentos para incluir un tiempo de revisión”, reflexiona.
el ya lo hace
La interpretación de textos administrativos o legales ya la realizan las aplicaciones de inteligencia artificial más populares. La versión gratuita de ChatGPT, de OpenAI, explica con mucha precisión la difícil comunicación que el profesor de la UPO puso como ejemplo: “Informa sobre un acto administrativo que no se pudo realizar por causas que no son responsabilidad de la administración (como el destinatario no se encontró). Luego desglosa los elementos relevantes del texto y concluye: “Es importante prestar atención a este tipo de notificaciones, ya que suelen tener plazos específicos para responder o actuar. Si tiene dudas, es recomendable ponerse en contacto con la administración que envió el aviso para obtener más información.”
Gemini, de Google, también tiene razón en un resultado que la propia máquina define como “Traducción y explicación simplificada”: “Les enviamos esta nueva notificación (con el número NCC889902087667****) para que se tomen medidas oficiales que no pudimos hacerlo antes (con aviso NCC98876657890****). La razón por la que no se pudo entregar el aviso anterior es porque usted no Lo encontramos en la dirección que tenía registrada”. Incluso aporta versiones más sencillas: “Es decir: la administración pública está intentando avisarte de algo importante, pero hubo problemas para enviarte la primera notificación. A partir de ahí, detalla las posibles implicaciones y la importancia. Además, sugiere cómo”. para proceder y también recomienda contactar con el remitente en caso de duda.
Pero Calbó insiste en que no son válidos para los fines de la administración andaluza. “Desde el punto de vista computacional, hemos analizado las herramientas actuales en el mercado y creemos que esta solución (su propio traductor específico) es más efectiva y eficiente”.
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