El Congreso de Colombia ha hundido en la tarde de este lunes la reforma política y electoral presentada por el Gobierno de Gustavo Petro. En el último día de las sesiones legislativas, la plenaria del Senado ni siquiera votó el acto legislativo que buscaba cambiar las bases de un sistema que lleva décadas permeado por la corrupción y el caudillismo. Esta decisión es una fuerte derrota política para el presidente y para su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que desde que llegó al cargo puso la reforma como una de sus prioridades parlamentarias. El hundimiento del proyecto, en el cuarto de los ocho debates, se da solo una semana después de que las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes negaran la reforma tributaria con la que el Gobierno pretendía conseguir 12 billones de pesos para completar el presupuesto de 2025.
La reforma política tenía pocas posibilidades de ser aprobada este lunes, porque llegó a discutirse en la plenaria del Senado solo el último día de las sesiones ordinarias, debía pasar el cuarto debate antes del fin de año y, como reforma constitucional, no podía votarse en sesiones extras. Eso obligaba a los senadores a acoger el texto aprobado en la Cámara de Representantes, pues no quedaba tiempo para una conciliación entre dos proyectos diferentes. Al poco tiempo de iniciada la sesión plenaria, muchos parlamentarios mostraron su rechazo. Especialmente los de los partidos de oposición al Gobierno, el Centro Democrático y Cambio Radical, que decidieron salirse del recinto para romper el cuórum deliberatorio, la cifra mínima de legisladores necesarios para debatir.
El ministro Cristo lamentó el rechazo a la reforma: “Mataron la reforma política. La mesa directiva del Senado la puso en octavo lugar y, tras siete horas de sesión, ni siquiera permitió debatirla. Es lamentable que una reforma tan indispensable para el país haya sido asfixiada de esta manera”, escribió el ministro en su cuenta de X. Y añadió: “El sistema político colombiano es inviable y necesita un cambio profundo. Proponíamos llevarla a segunda vuelta y convocar en enero una mesa técnica con expertos y partidos para construir consensos. Vamos a insistir: no nos podemos resignar a mantener un sistema que, claramente, no tiene legitimidad ni credibilidad ante los colombianos”. Esta es la segunda vez que se hunde la reforma política presentada por el Gobierno de Petro. El primer intento fracasó estrepitosamente hace un año en el tercero de sus ocho debates, en la comisión primera del Senado.
El senador de Cambio Radical, David Luna, expresó su alegría por la decisión: “Celebro que hayamos hundido la nefasta reforma política de Petro. Representaba un grave retroceso para la democracia, atentando contra la participación ciudadana y el derecho a elegirse. Muy bien”.
Si Petro quiere hacer realidad el proyecto antes de terminar el Gobierno deberá presentarlo de nuevo en julio de 2025, cuando inicie el último periodo legislativo de su cuatrienio, pues las reformas constitucionales tienen un procedimiento más exigente que incluye que solo se pueden debatir una vez en cada período. La fallida reforma deja pendiente el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados con la extinta guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, en 2016. “El acuerdo Final de Paz establece en el punto dos la necesidad de una reforma política y electoral que fortalezca la democracia y garantice la participación pluralista. Mejores reglas de juego político son claves para consolidar una paz estable y duradera”, escribió hace unos meses Cristo en su cuenta de X. El debate es cuáles deben ser esas reglas.
La reforma del Gobierno tenía tres grandes pilares: la financiación 100% estatal de las campañas, la obligación de que las listas al Congreso, las asambleas y los concejos sean cerradas y paritarias (es decir, a que no se vote por candidatos individuales, y a que haya igual número de mujeres y de hombres), y la transformación de la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, para que sea independiente de las fuerzas políticas, pasando su elección del Congreso a los magistrados de las altas cortes.
